El necesario debate en torno a los medios de comunicación

No se puede tapar el sol con un dedo

Rosemary Castro Solano* 

En medio de afirmaciones categóricas de que su gobierno es presa de un acoso mediático, el primer día de marzo Luis Guillermo Solís pidió abrir la discusión en torno al papel y a la ética de trabajo de los medios de comunicación nacionales. Para ello, se apoyó en la tesis de que la prensa minimiza las buenas noticias de su gobierno y sobredimensiona aquellas “malas” que no se relacionan con su administración, tales como el reciente aumento del desempleo y la estampida de empresas que semanalmente anuncian su cierre en el país, por lo que responsabilizó a la prensa de torcer la realidad mediante titulares y noticias alarmistas y sesgados.

En particular, este fragmento llama la atención en la descarga presidencial, pues pareciera referirse a una verdad de Perogrullo: “Como parte de esto hay que discutir si un medio de comunicación se comporta como empresa o como partido político, si tiene una agenda más de orden técnico-profesional o si se comporta más motivado por razones partidistas o hasta eclesiásticas, antes de comportarse como un medio de comunicación”,.

Es decir, cuestionar que los medios de comunicación se comporten como empresas y que en coyunturas electorales actúen como partidos políticos – es decir, cazando votos – parece redundante en un país en el que hemos sido testigos en años recientes de la fuerza de los medios a la hora de inclinar la balanza electoral. Para muestra, el referéndum de 2007, batalla en la que la tendencia del NO se articuló de forma orgánica desde las bases, en un proceso tangible de alfabetización política y de diáspora sociocultural, para enfrentarse a la maquinaria corporativa del SI – encabezada por la administración Arias Sánchez v.2 – que utilizó las técnicas tradicionales de publicidad y la consabida narrativa del miedo para aruñar una mayoría ínfima en las urnas.

Empero, para una muestra mucho más reciente, está el actual gobierno, pues es innegable que el triunfo del PAC en las elecciones presidenciales de 2014 se gesta justamente a raíz de una candidatura altamente mediática. Es decir, Luis Guillermo Solís se abrió paso “de la nada” gracias a su desempeño impecable en los debates televisivos - y aún está fresca en nuestra memoria el “Soy Luis Guillermo Solís y quiero que me conozca” - y a una estrategia por demás habilidosa para posicionar el producto electoral en tiempo récord y, con ello, atestar un knockout en las urnas.

Sin embargo, además de su buena presentación en los debates, la campaña del actual mandatario se acompañó de un impresionante despliegue caracterizado por un aluvión de selfies - a cada paso y en cada lugar - y un discurso basado en la alegría y en el amor, en el cual las redes sociales fueron su caballo de batalla para acercarse especialmente a la juventud costarricense. No obstante, redes aparte, fueron los medios tradicionales quienes lo catapultaron al estrellato nacional con apelativos cariñosos como “presi” y, por tanto, ahora resulta ciertamente paradójico que a menos de un año de gestión se señale como acoso mediático dicha cobertura excesiva que, en principio y con el tinte otrora acaramelado, se disfrutó tanto y se empleó hasta la saciedad.

Pero, a pesar de esta curiosa ambigüedad en la relación entre Zapote y los medios hegemónicos, Solís guarda razón en la verdad de Perogrullo que cita: es urgente y necesario dar un debate en torno a los medios de comunicación, no sólo en cuanto a su peso como actor en la política – entendida como la conjugación del sistema de gobierno, de partidos y electoral - sino, y principalmente, en cuanto a su contribución como interlocutor clave en lo político, por medio de la construcción de la agenda pública y, aún más, de la configuración de imaginarios con la difusión de narrativas que luego se instituyen como verdades.

Esto es, el debate que ahora se plantea como urgente ha sido necesario desde hace décadas pues significa debatir una nueva ley que cimiente el pluralismo como principio básico – y esto implica obligatoriamente discutir la propiedad de los medios - y que establezca también un andamio ético para las producciones mediáticas impresas y audiovisuales que hoy circulan por la libre. Lo anterior no significa bajo ningún supuesto establecer un mecanismo de censura previa, sino cimentar el consenso social en torno a cómo queremos que se presenten las realidades y se cuenten las historias en los espacios de convivencia pública que representan los medios de comunicación.

En consecuencia, y es el punto que deseo desarrollar en estas líneas, no sólo la prensa constituye un poder fáctico - entendido como aquel que se ejerce al margen de las arenas formales y cuya capacidad de presión le permite influir políticamente - sino también (y mucho más, porque son quienes suelen pagar la planilla periodística) los grupos empresariales que controlan los medios de comunicación y que, de no prosperar una iniciativa de ley que democratice la propiedad y tenencia, seguirán empujando a su antojo las ruedas de la agenda pública.

Además, el nuevo ecosistema mediático de la sociedad red no significa que se haya democratizado el debate, pues un aumento en el número de enunciantes amplía la participación pero no necesariamente pluraliza la agenda. Sin embargo, las nuevas formas de comunicación sí han dinamizado la opinión pública y, con ello, han hecho más difícil esconder datos que antes habrían permanecido entretelones, por lo que la pregunta para un gobierno que ha apostado definitivamente por las redes sociales es cómo mantener el coqueteo con ellas y con la “buena prensa” pero minimizar el escrutinio sobre las figuras y la función pública que se deriva de la diversificación de fuentes enunciantes y del aumento drástico de la circulación de información en la era de las TICs.

La interrogante anterior es un reto que el gobierno debe resolver a lo interno y, para ello, implementar una estrategia de comunicación menos publicitaria y más orientada a la rendición de cuentas, pues es justamente su credibilidad la más afectada tras las diversas seguidillas de sainetes. En contraste y ya no como preocupación del gobierno sino como prioridad del Estado costarricense, el debate solicitado debe considerar el derecho a la comunicación una garantía tan fundamental como la libertad de expresión y, para ello, salvaguardarlo debidamente con una ley que así lo refleje.

Esto es - y a pesar de que el reclamo presidencial parece orientarse sólo en esa dirección – la discusión no debe limitarse a si el Ejecutivo se devuelve los peluches o no con la prensa, pues esta ciertamente constituye un pilar del sistema de pesos y contrapesos de los regímenes democráticos. No. El debate necesario en torno a los medios de comunicación va mucho más allá y proponerlo de otro modo es impulsar un remedio más cosmético que estructural y, por tanto, jalar sólo para el saco propio al tiempo que se intenta tapar el sol con un dedo.
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*   Politóloga (UCR), educadora (UCR) y filóloga en lengua inglesa (UCR). Egresada de Maestría en Comunicación (UCR). http://lasbarbasenremojo.blogspot.com